El Congreso de la República ha promulgado la ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional, una normativa que busca fortalecer los procesos constitucionales y ajusta los requisitos de votación en el Tribunal Constitucional (TC). Entre las principales modificaciones, se establece que la admisión y aprobación de una demanda competencial en el TC requerirá ahora solo cuatro votos, en lugar de los cinco necesarios anteriormente. En caso de empate en la votación, el presidente del TC tendrá el voto decisivo, y si no se alcanza el número de votos exigidos, la demanda será declarada infundada.
Además, el Nuevo Código Procesal Constitucional introduce cambios en las medidas cautelares. Ahora, el juez constitucional del lugar donde tiene su domicilio el afectado, donde se haya producido la afectación de su derecho o donde viva el autor de la infracción, será el competente para conocer del proceso de amparo. También se permite solicitar al TC la suspensión de disposiciones, resoluciones o actos en conflicto, total o parcialmente, a través de una medida cautelar.
Sin embargo, esta ley ha generado preocupación. En octubre, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) advirtió que la reducción de votos para resolver procesos competenciales podría “limitar el rol del Tribunal Constitucional” y “poner en riesgo la estabilidad del sistema de justicia”. Antonio de la Haza, titular de la JNJ, señaló que esta modificación podría debilitar la capacidad del TC para actuar como contrapeso en casos críticos que comprometen los derechos fundamentales y el Estado de derecho.
