Contraloría advierte que más de 800 policías no se realizaron pruebas rápidas en Puno

La Contraloría General de la República reveló que, al 5 de junio, de los 1230 efectivos policiales que prestaron servicios en las comisarías de Puno, solo a 391 (32%) se les realizó prueba rápida para detectar posible contagio de COVID-19 mientras que a 839 policías (68%) no se les practicó ninguna prueba, lo que no habría facilitado el monitoreo, vigilancia y toma de decisiones respecto al impacto de la enfermedad en sus efectivos.

Esto es producto de un operativo realizado entre mayo y junio últimos en el marco del control en la emergencia sanitaria a comisarías de la región Puno con una muestra de 20 visitadas, de un total de 59 comisarías en la región. Estos datos se encuentran consignados en el Informe Consolidado de las visitas de control a las comisarías de la Policía Nacional del Perú N°001-2020-CG/SIE-VCE.

Cabe precisar que en la Resolución 239-2020 del Ministerio de Salud (MINSA) que aprueba el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, figura en el numeral 6.1.19, la categoría de Riesgo Medio de Exposición a dicha enfermedad, dentro de la cual está comprendido el personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

La norma también señala que la periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19 es establecida en el «Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, por el profesional de salud correspondiente.

MASCARILLAS
Respecto a la entrega de mascarillas simples, el informe señala que, de las 20 comisarías visitadas en la región, 19 (95%) recibieron dichos implementos de bioseguridad por parte de sus respectivas unidades ejecutoras para su posterior distribución entre los efectivos policiales. En tanto, en una comisaría (5%) no recibieron estos bienes.

Asimismo, el informe de la Contraloría señala que dos comisarías (10%) no recibieron mascarillas Tipo N95 por parte de sus unidades ejecutoras, mientras que 18 unidades policiales (90%) sí recibieron dicho implemento de bioseguridad al 05 de junio.

Es necesario precisar que de acuerdo al documento técnico Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 del MINSA, el uso de equipo de protección respiratoria (FFP2, N95 o equivalentes) es de uso exclusivo para los trabajadores de salud con muy alto y alto riesgo de exposición biológica al virus que causa la COVID-19. Dicho documento indica además que, de acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, se deben considerar los mínimos estándares de protección respiratoria.

Hechos adversos
En el operativo de la Contraloría se supervisó el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de los implementos de prevención ante la emergencia sanitaria; así como la situación de las instalaciones del comedor o ambiente en el cual los efectivos policiales toman sus alimentos, identificándose los siguientes hechos adversos:

• De las 20 comisarías visitas, en 16 (80%) los documentos que sustentan el ingreso de los implementos de prevención (entregadas por la Unidades Ejecutoras de la PNP) no precisan características técnicas (material, unidad de medida, tamaño, color y marca), fechas, ni responsables de la entrega y recepción, lo que no permitiría la trazabilidad del proceso de internamiento y disponibilidad de los implementos para su distribución.

• En 14 (70%) comisarías se presentaron debilidades en el control de las mascarillas y guantes descartables en el almacén (falta de registro de fechas y cantidades de implementos que se retiraron), así como en su distribución. Dicha situación no permitiría corroborar el saldo real, ni la cantidad y oportunidad en que fueron distribuidas.

• En 14 (70%) comisarías se identificaron inadecuadas condiciones de almacenamiento de los implementos de prevención (falta de anaqueles o estantes, se encontraron bienes en contacto con el suelo, polvo y productos contaminantes, entre otros), lo que pondría en riesgo la conservación y disponibilidad de los implementos para la protección policial.

• En 10 comisarías (50%), se evidenciaron inadecuadas condiciones de conservación e higiene de la cocina, comedor o ambiente destinado a la alimentación, como utensilios deteriorados, cocinas y alacenas oxidadas, con rajaduras y sin puertas, mientras que algunas personas encargadas de la manipulación de alimentos no tenían las mascarillas puestas, lo pondría en riesgo la salud de los policías.