En una reunión clave realizada en el auditorio del Gobierno Regional de Puno (GRP), el gobernador Richard Hancco Soncco anunció que se solicitará un estado de emergencia para hacer frente a la creciente violencia en los centros poblados de La Rinconada y Lunar de Oro, situados en el distrito de Ananea (provincia de San Antonio de Putina).
El gobernador, quien también preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Puno, destacó que esta medida tiene un apoyo unánime entre las autoridades, pero subrayó que no debe ser solo una declaración simbólica. “El estado de emergencia debe ir acompañado de acciones concretas que permitan frenar el crimen organizado”, expresó Hancco.
Solicitudes específicas a la Junta de Fiscales y autoridades
Uno de los puntos clave de la reunión fue la solicitud al Junta de Fiscales Superiores de Puno para abrir una investigación de oficio por crimen organizado en los mencionados centros poblados. Hancco destacó que esto permitiría intervenciones en teléfonos y la colaboración de fiscales de otras regiones, lo que ha sido fundamental en otros megaoperativos. El gobernador también pidió el apoyo de un equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) para intensificar las intervenciones.
Además, se pidió a la Corte Superior de Justicia de Puno que aplique el derecho penal del enemigo, una estrategia jurídica que se utiliza para enfrentar organizaciones criminales bien estructuradas. En cuanto a las fuerzas policiales y el Ministerio del Interior, Hancco resaltó que deben centrarse en la inteligencia operativa para desarticular las estructuras delictivas.
Reunión en el COER para formalizar la solicitud
En un paso siguiente, se anunció que el Coresec se reunirá mañana a las 10:00 horas en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) para oficializar la solicitud de estado de emergencia en La Rinconada y Lunar de Oro. Esta reunión será clave para definir los pasos a seguir y coordinar acciones con las autoridades locales y regionales.
Respaldo unánime de autoridades locales y regionales
La reunión también contó con la participación de diversos representantes de las instituciones locales y regionales, quienes respaldaron completamente la solicitud. Entre los presentes estuvieron el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Benny Álvarez Quiñónez; el general de la PNP, Francisco Ninalaya; y la presidenta de la Junta de Fiscales, Judith Contreras. Los alcaldes de Puno, San Román, Melgar, San Antonio de Putina y Chucuito, entre otros, expresaron su apoyo unánime a la solicitud.
Solicitud de emergencia ambiental en Carabaya y Sandia
Además de la solicitud de estado de emergencia por violencia, también se anunció que se pedirá la declaratoria de emergencia ambiental en las provincias de Carabaya y Sandia, debido a la expansión de la minería ilegal en estas zonas. Este fenómeno ha generado graves problemas ambientales y de salud en las comunidades cercanas. Según informes de la Defensoría del Pueblo, la minería ilegal está afectando gravemente los recursos naturales de la región.
