Tribunal Supremo de Venezuela Inhabilita Candidatura de Opositora a Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirma la inhabilitación política de María Corina Machado, principal opositora de Maduro, para las presidenciales de 2024.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha confirmado la inhabilitación política de María Corina Machado, quien había sido electa en primarias como la candidata de la oposición para desafiar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Esta decisión marca otro episodio en la larga historia de tensiones políticas y disputas en el país sudamericano.

María Corina Machado, una figura prominente de la oposición venezolana, se encuentra ahora fuera de la carrera presidencial debido a la ratificación de su inhabilitación por parte del TSJ, un ente considerado afín al oficialismo. Esta medida se inscribe en un contexto más amplio de inhabilitaciones políticas utilizadas por el chavismo como estrategia para neutralizar a sus adversarios políticos.

La decisión del Tribunal llega a pesar de un mecanismo creado bajo la presión internacional, específicamente de Estados Unidos, diseñado para permitir a los políticos inhabilitados impugnar estas sanciones. Este mecanismo forma parte de los acuerdos alcanzados en Barbados, mediados por Noruega, en un esfuerzo por facilitar un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana.

El caso de Machado no es aislado; el TSJ también reafirmó la inhabilitación de Henrique Capriles, otro importante líder opositor que previamente había desafiado tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro en las urnas. Estas acciones reflejan la continua utilización de medidas administrativas por parte del gobierno para limitar la participación política de sus oponentes, en un país marcado por profundas divisiones políticas y crisis sociales.

Según expertos en la materia electoral de Venezuela, las inhabilitaciones políticas son un instrumento recurrente del chavismo para eliminar a la competencia política. Aunque la Contraloría es la entidad encargada de imponer estas medidas bajo el pretexto de investigaciones a funcionarios, la Constitución venezolana establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” puede restringir el derecho a aspirar a la presidencia.

Este nuevo capítulo en la política venezolana pone de relieve los desafíos que enfrenta la oposición en su lucha por un cambio democrático en el país, así como las complejidades del panorama político que se prepara para las elecciones presidenciales de 2024.

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